Acudir al Registro de la Propiedad tras comprar una finca urbana o rústica

La realidad es que siempre es recomendable acudir al Registro de la Propiedad, y el hecho de no hacerlo supone asumir riesgos. Los legisladores atribuyen gran relevancia al Registro de la Propiedad, y por ello, en ciertas actuaciones de terceros ajenos al propietario, técnicamente posibles, quien conste inscrito como titular de la finca no podrá ser expropiado.

Lo primero para reclamar deudas pendientes con expectativas de éxito es garantizar que todavía existe plazo y que además la deuda en sí cumple con los requisitos para poder exigirse, y esto es, básicamente, que no se trate de deudas ilegítimas.

Existen importantes diferencias en la duración obligatoria del contrato de arrendamiento de vivienda simplemente por la Ley de Arrendamientos Urbanos que haya de aplicarse en cada momento. 

Diligenciar significa en derecho, según el Diccionario Jurídico de la Real Academia Española, «despachar o tramitar un asunto mediante las oportunas diligencias».

Se conoce que el acta de la Junta de Propietarios habrá de contener, como mínimo, lo que determina la Ley de Propiedad Horizontal en su art. 19. El apartado 1 enuncia: “Los acuerdos de la Junta de propietarios se reflejarán en un libro de actas diligenciado por el Registrador de la Propiedad en la forma que reglamentariamente se disponga”.

Donde exista una “ventanilla única”, los ciudadanos podrán dirigirse a ella y enviar escritos a las diferentes Administraciones públicas. Se deja entonces en manos de la Administración por medio de esta ventanilla única el envío de nuestro escrito a donde hayamos indicado.

En la adopción de acuerdos de la Comunidad de Propietarios, no solo la normativa sino también la jurisprudencia establecen diferentes precisiones para que el acuerdo tomado sea válido y no conlleve una posible nulidad o anulabilidad. Esto quiere decir que en caso de ser irregular, alguien estaría facultado para entablar acciones con el objetivo de que el acuerdo tomado deje de producir efectos, incluso teniendo que responder por daños y perjuicios quien o quienes fueran responsables.

A poco de la entrada de España en la Unión Europea —recordemos que en el año 1986 se denominaba todavía Comunidad Económica Europea hasta que se firmó el Tratado de Maastricht en el año 1992— apareció en escena la Directiva 13/93 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

La Sociedad Anónima y la Sociedad Limitada son dos de las principales figuras de las sociedades capitalistas y al mismo tiempo las más utilizadas en términos estadísticos, relegando a las demás opciones —Sociedad Colectiva y Sociedad Comanditaria Simple o por Acciones— a porcentajes de escasa significación en el contexto mercantil.

Con frecuencia, diversas cláusulas en contratos con entidades financieras se declaran abusivas por medio de sentencias judiciales. Mucho del control de abusividad, entonces, se efectúa por el Poder Judicial, o en el ámbito internacional por otras autoridades como el Tribunal de Justicia, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y no por medio de una legislación eficaz en la lucha contra los abusos hacia los consumidores, que sea capaz de evitar esta clase de resultados.

Los trabajadores autónomos se encuentran obligados a llevar contabilidad fiscal acorde a los tipos de impuestos que deben gestionar. En las facturas emitidas por trabajadores autónomos, los impuestos a considerar son el IVA y las retenciones de IRPF.